En Brasil, un pueblo indígena lucha para frenar la construcción de un mega datacenter de TikTok. En Estados Unidos, pobladores de Texas se movilizan contra este tipo de instalaciones por temor a quedarse sin agua. Y en Villarrica, Paraguay, pobladores del barrio Santa Lucía lograron detener a una criptogranja canadiense cuyo ruido no les había dejado dormir casi seis meses.
Hace un año contamos esa historia en Rebelión contra la criptogranja, un reportaje en el que revelamos la estructura político-empresarial que permitió a Bitfarms operar con impunidad. La presión sostenida de los vecinos logró llevar el caso a juicio por contaminación acústica, un delito que en Paraguay se castiga con hasta 10 años de cárcel. Es la primera causa penal por ruido contra una criptogranja en el país y también la primera de su tipo en Latinoamérica.
Entre marzo y abril volvimos a Villarrica para cubrir el juicio, que podría sentar un precedente importante en la regulación de los data centers.
La que está en juego en el juicio
El primer juicio por ruido contra un data center de criptominería en Latinoamérica. En mayo de 2025, la Fiscalía paraguaya acusó a Juan Ignacio Marcilio, entonces representante legal de Bitfarms, por permitir la emisión de ruidos por encima de los límites máximos legales. El caso se elevó a juicio oral, pero hasta ahora su inicio se postergó cinco veces debido a chicanas de la defensa del empresario.
El proceso judicial transcurre en un país sin una ley de data centers. De hecho, estan grande el hueco legal que, en una solicitud de información pública de mayo, el Ministerio de Industria y Comercio nos dijo: “no contamos con un registro ni con información sistematizada” sobre data centers de cripto e IA. La situación es similar en casi toda América Latina, donde solo Brasil y Chile están avanzando en legislaciones para regular el sector, según un reporte de marzo de Chequeado y Ruido.
La causa contra Bitfarms es clave al hablar de la incursión de las big techs en Latinoamérica. Una condena alta puede marcar un precedente internacional que podría obligar a las empresas a elevar los estándares de construcción y aislamiento de sonido de sus data centers. Y en Paraguay, una sentencia firme es crucial para que el Congreso debata un marco jurídico que regule la instalación de estas infraestructuras digitales, con parámetros de mitigación del ruido, del consumo de agua y de electricidad, medidas de compensación ambiental y mínimos de empleabilidad.
Sin embargo, la condena puede ser de doble filo. Si Marcilio logra sortear la cárcel pagando una multa, cometer delitos ambientales podría ser una simple columna en el presupuesto anual de las grandes tecnológicas.
Cuando fuimos a Villarrica para cubrir el proceso, nos encontramos cara a cara con Marcilio. En las dos ocasiones que nos cruzamos, logró postergar el inicio del juicio (sus abogados son los mismos que defendieron a Erico Galeano, senador oficialista condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal). Al cierre de este envío, la central de Bitfarms en Canadá no ha respondido a nuestras consultas.
Estrés, ansiedad e insomnio, las secuelas del ruido. En octubre de 2024, la psicóloga Luz Aranda se despertó llorando. Eran las tres de la madrugada y le dijo a Juan Enriquez, su marido, que no podía más, que tenía rabia y quería salir a romper algo. El ruido de los más de 16 mil procesadores de bitcoin de la criptominera Bitfarms a 700 metros de su casa no les había dejado dormir ni a ellos ni a otros residentes de Santa Lucía, un barrio de 6 mil habitantes.
Las consecuencias de ese zumbido constante en la salud mental de Luz y sus vecinos son un eje central de la investigación de la Fiscalía. Los informes psicológicos concluyen que, debido a la exposición al ruido, los pobladores sufren de ansiedad, depresión, problemas para dormir y estrés postraumático crónico.
En la última visita a Villarrica, volví a conversar con los pobladores que entrevisté para el reportaje del año pasado. Varios aún no pueden escuchar sonidos fuertes sin relacionarlos con la criptogranja o con el peligro, a pesar de que el ruido cesó hace casi un año y medio.
El data center no solo quebró la tranquilidad del barrio, sino también el paisaje. En Paraguay, a menudo la crítica contra la criptominería se centra en su voracidad energética: por ejemplo, la granja de Bitfarms consumió en solo seis meses la electricidad que 47.464 familias paraguayas usarían en un año. Sin embargo, hay otros aspectos. En el caso de la empresa canadiense, además de dividir la ciudad de Villarrica entre quienes denuncian el ruido y quienes apoyan el negocio, rompió el paisaje natural de la comunidad. Su planta ocupa cinco hectáreas de un terreno deforestado en el barrio Santa Lucía, lo que equivale a unas siete canchas de fútbol con los estándares de la FIFA para el Mundial 2026.
La enfermera Irene Brizuela me dijo que aquel lugar era un mangoty (mangal) de donde iba a buscar mango en su infancia. Para ella, solo habrá justicia cuando la criptominera ya no esté en su barrio. Sueña con que se vuelvan a plantar los árboles de mango y recoger los frutos con sus hijos.
Y es cierto lo que dice Irene. Toda la estructura que permitió a Bitfarms operar de forma irregular debe ser investigada por la Justicia paraguaya: el Ministerio del Ambiente, que emitió las licencias ambientales, la Intendencia de Villarrica, que recibió patrocinios de la empresa y ocultó documentos a la Fiscalía, los contratos con la Administración Nacional de Electricidad y la actuación de otros empleados de la criptominera. Marcilio no es el único responsable; el Ministerio Público y la Contraloría deben investigar a todos los involucrados, desde actores privados hasta funcionarios públicos.
Lapregunta que nos hacemos: ¿Cuándo el gobierno paraguayo debatirá una ley de datacenters para regular el sector?
